INFORME VENEZUELA MAYO 2019

INFORME VENEZUELA MAYO 2019

Los trabajadores venezolanos viven en condiciones cada vez más precarias. Las violaciones a los derechos humanos van en aumento sin tener un baremo a la vista. Los derechos económicos, sociales y culturales pareciesen haber sido eliminados por las políticas del Gobierno.

 

La escasez de productos alimentarios básicos y la carencia de los insumos médicos y de medicinas elementales han afectado considerablemente la salud de la mayoría de la población.

El trabajo de un venezolano se ha depreciado tanto que varios estudios han señalado que la mayoría de la población no logra comer un plato de comida diaria con adecuadas proteínas (nueve de cada diez venezolanos).

El peso promedio de la población es menor año tras año. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), proyecto conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB); el peso promedio de los venezolanos fue, para 2017, de 11 kilogramos menos que en 2016 y en 2016, fue de ocho kilos menos al de 2015[1]. No hay cifras del año 2018 pero la médico nutrióloga, Marianella Herrera, estima que ante la escasez de alimentos por la crisis socioeconómica que atraviesa el país, el promedio de pérdida de peso en los venezolanos es de 18 kilos en el referido año[2].

 

Ante esta problemática, el Gobierno de Nicolás Maduro fundó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Estos son comités de distribución de alimentos en los cuales las propias comunidades abastecen y distribuyen los alimentos prioritarios a través de una modalidad de entrega de productos casa por casa. No obstante, los comités han estado sujetos a controversias por denuncias de corrupción, de uso político, de retrasos, de aumentos en su costo sin previo aviso y de falta de salubridad.

 

El contenido de la caja CLAP dura entre 5 y 10 días. Además de eso, como la producción nacional no es suficiente, el Gobierno Nacional ha optado por importar alimentos de países como Colombia, Brasil, Panamá, Turquía y México para distribuirlos. Esos productos no siempre cumplen con las normas venezolanas y muchos de estos no cuentan con registro sanitario nacional señalado en el empaque[3]. A su vez, la mayoría de las cajas CLAP no contienen proteínas. En ocasiones contienen de 3 a 5 latas de atún[4], pero esto sucede escasamente.

 

En junio de 2018, Zeid Ra’ad Al Hussein, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para ese momento, publicó un informe en el que consideraban que el programa CLAP no cumplía ciertas normas relativas al derecho a una alimentación adecuada. Además, documentó la falta de contraloría en el programa y su uso como una herramienta para la propaganda política y el control social.[5] Aunado al programa CLAP, el 29 de diciembre del 2016 fue anunciado por parte de Nicolás Maduro, la creación de un “carnet de la patria”. Este lo describió como un instrumento para monitorear el funcionamiento de los CLAP. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, el Carnet de la Patria se ha ido transformando en un instrumento casi obligatorio para cualquier tipo de interacción requerida por parte de los ciudadanos con el Gobierno. La primera gran variable que experimentó el carnet fue la vinculación con el registro de la Misión Hogares de la Patria, la cual requería que las personas se registraran y les fuese expedido el documento gubernamental para recibir un “bono de protección”. Este bono se ha extendido a otros denominados, Amor Mayor, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández, bonos vacacionales y de festividades o feriados. El carnet también fue utilizado para la obtención de puestos de trabajo en el sector público, monitoreo de elecciones nacionales[6]. La población fue amenazada, señalando que quienes no poseyeran el referido carnet no podrían disfrutar del servicio de gasolina subsidiada, como ha sido por más de 50 años en el país.

 

El Gobierno ha aplicado todas estas políticas durante los últimos años y, aun así, según encuestas realizadas por varias universidades del país, se ha triplicado la cantidad de hogares en condiciones de pobreza extrema[7].

 

Las equivocadas e inconsultas políticas económicas del Gobierno han provocado un cierre masivo de empresas con pérdidas de innumerables puestos de trabajo. En promedio, el Gobierno aumenta el salario mínimo cada 3 meses, generando el cierre de pequeñas y medianas empresas incapaces de cumplir con ello. Esto ha conllevado a un éxodo masivo, tras la ausencia de trabajo decente en el país: Desde las fronteras con Brasil y Colombia se observan a los venezolanos caminando hacia toda América Latina. Según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en marzo de 2019, “el año 2018 culminó con al menos 3,4 millones de venezolanos, más del 10% de la población del país, que han huido a diferentes destinos en Latinoamérica y el Caribe”. Son cerca de 5.000 personas al día que abandonan Venezuela “en condiciones de alta vulnerabilidad”. El informe prevé más de cinco millones de refugiados para el final de 2019. Se trataría de un éxodo de una magnitud equiparable a las crisis en países víctimas de conflictos armados como Siria y Afganistán[8].

Este descontento por las condiciones laborales se refleja en una conflictividad constante. De acuerdo a nuestro Observatorio de Conflictividad Laboral y Sindical, hubo al menos unas 1689 protestas en el año 2018, dando un promedio de 4 o 5 protestas diarias, de las cuales 1600 son por parte del sector público y 1223 por condiciones salariales[9].

El año 2019 comenzó con el desconocimiento de la reelección presidencial de Nicolás Maduro. El 10 de enero se venció su periodo presidencial (se declaró que los comicios celebrados en mayo de 2018 eran fraudulentos) y el 23 de enero 2019 el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como presidente de Venezuela, quien actualmente cuenta con el reconocimiento de más de 50 países, la Unión Europea y el organismo multilateral Banco Interamericano de Desarrollo[10]. Ante esta situación, Nicolás Maduro junto a su gabinete se ha negado a entregar el poder y, a cambio, ha ejercido políticas de represión y amedrentamiento contra la sociedad venezolana, contando con las Fuerzas Militares así como con grupos paramilitares denominados “colectivos”. Estos son grupos armados que actúan en la represión de las protestas sociales, así como en servicios de guardaespaldas de los funcionarios del partido socialista. Desde 2014, el Gobierno se dio cuenta de que usar a los colectivos es una estrategia eficaz para disuadir a la población de movilizarse. “En el 99% de los casos, a la gente le da terror denunciar a los colectivos”, señala Rafael Uzcátegui, coordinador general de PROVEA. No siempre actúan con armas de fuego, sino que a veces es suficiente con que exista una aglomeración de 20 sujetos motorizados recorriendo Caracas para lograr el efecto. Estos grupos recorren la ciudad encapuchados, en motos, armados… “cumplen una función simbólica atemorizante”.[11]

 

Ante toda esta situación, la comunidad internacional donó importantes insumos de alimentos y medicamentos como ayuda humanitaria. Sin embargo, el 23 de febrero fue imposible su ingreso a nuestro país y, de hecho, fueron quemados varios camiones[12]. Tras la represión de los organismos de seguridad del Estado en la frontera con Brasil, durante el operativo para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, fallecieron al menos 7 personas; de esta cifra 4 eran indígenas. La situación de los indígenas venezolanos en el estado Bolívar es alarmante. En la Gran Sabana, más de 800 indígenas del pueblo pemón han cruzado la frontera por trochas (caminos alternativos a los pasos fronterizos oficiales) en virtud de la persecución política.

 

Como se señaló anteriormente, los salarios que se perciben no son suficientes. Un venezolano devenga mensualmente la cantidad de 40.000 bolívares que, al cambio, son aproximadamente 7,68 dólares, según tasa oficial DICOM al 9 de mayo de 2019 (5202.77 bolívares por cada dólar). El año pasado, la Organización Internacional del Trabajo, aprobó una Comisión de Encuesta para Venezuela considerando que el Gobierno viola los convenios sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), ratificados todos por Venezuela.

 

Respecto a la violación del Convenio No. 26, sobre el salario mínimo, es pertinente destacar que en el año 2012 se decretó inconstitucionalmente el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), en el cual no existió la referida instancia de diálogo y concertación social.

 

Debemos aclarar que la inconstitucionalidad de esta Ley se da porque al expresidente Hugo Chávez se le aprobó una Ley habilitante a causa de las intensas lluvias que azotaron a nuestro país, por lo cual estaba autorizado para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en materias como vivienda y hábitat, infraestructura, financiero, tributario, entre otras, para enfrentar esta crisis. Por ello, carece de sentido lógico la promulgación de una Ley Orgánica del Trabajo producto de la mencionada habilitación legislativa, resultando en una clara extralimitación en las facultades concedidas al Presidente en aquella ocasión, viciando de inconstitucionalidad el referido texto legal.

 

La fijación autoritaria del salario mínimo desde el 2012 -inclusive antes- hasta la fecha, acentúa los problemas de desempleo, de escalas salariales y derechos adquiridos. Con la imposición del salario mínimo en agosto 2018, el Gobierno elaboró un nuevo tabulador desconociendo los beneficios previstos en las escalas salariales de toda la administración y de las empresas públicas, violando incluso los convenios colectivos recientemente firmados.

 

Las violaciones al Convenio Internacional Nro. 87 van desde persecuciones hasta juzgamiento en instancias militares. Las posibilidades de los trabajadores de protestar por sus bajos salarios y malas condiciones de trabajo son mínimas. Cada vez que un sindicato llama a una protesta en la calle, la policía y los servicios de seguridad acordonan el sitio, impidiendo que la protesta pueda realizarse. Al mismo tiempo, se realizan despidos de trabajadores que han intentado postularse a cargos directivos en sindicatos controlados por el gobierno. En otros casos, se desconoce y maltrata a dirigentes sindicales que han cuestionado a sindicalistas que, por apoyo político al gobierno, no defienden los derechos de los trabajadores. Este ambiente de hostigamiento y acoso laboral afecta la posibilidad de ejercer la libertad sindical.

 

El gobierno ha impulsado, a través del Ministerio del Trabajo, la creación de miles de nuevos sindicatos a fin de desconocer la legitima dirigencia sindical de los trabajadores. La política estatal ha sido generar toda una estructura sindical paralela afín a su proyecto político que evite que la legítima protesta de los trabajadores pueda expresarse.

 

Sobre la violación al Convenio Nro. 144, el Gobierno está obligado a realizar consultas efectivas a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores sobre diversos asuntos relacionados con las actividades de la Organización Internacional del Trabajo. El Gobierno ignora a las organizaciones de trabajadores más representativas al no consultarlas.

 

El Estado de Derecho en el país ha sido vulnerado, generando un quiebre institucional. Los poderes públicos nacionales se mantienen en una situación de ilegitimidad, con excepción de la Asamblea Nacional, electa en el año 2015. Incluso han sido creadas instituciones paralelas a aquellas legítimamente constituidas, como es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, impuesta en 2017, usurpando funciones de la Asamblea legítima y del poder judicial, decidiendo sobre la libertad de detenidos por razones políticas. Además, la concentración de poderes en manos del Gobierno nacional y el partido socialista contaminan los más diversos aspectos de la vida diaria, conduciendo a la violación flagrante de derechos humanos. Es común ver actuar coordinadamente al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y a los tribunales para inhabilitar y privar de libertad a dirigentes políticos de oposición.

 

Los trabajadores afectados por las medidas de retaliación política se encuentran en la absoluta indefensión en el país, pues no pueden acudir a ningún órgano del sistema de administración de justicia para la defensa de sus derechos. Al contrario, las inspectorías del trabajo y la Defensoría del Pueblo, por lo general, se niegan a tramitar sus peticiones o niegan los hechos aducidos por los trabajadores o justifican la persecución política, y otro tanto ocurre en los tribunales.

 

Tampoco existe libertad de expresión y de información en el país. El monopolio estatal de la distribución del papel y de las concesiones para el uso del espectro radio eléctrico han limitado considerablemente la posibilidad de emitir y recibir información imparcial y objetiva. Desde que inició el gobierno de Nicolás Maduro hasta el 31 de diciembre de 2018 habían cerrado al menos 115 medios de comunicación por expresarse en algún momento en contra de su mandato o criticarlo.[13] A su vez, desde enero de 2017 en las oficinas y entidades públicas de Venezuela hay un cartel que dice: “Aquí no se habla mal de Chávez”. Carteles que continúan pegados aún en 2019. Este es un elemento más de presión en los trabajadores públicos para que no se expresen en contra del expresidente Chávez ni del gobierno en general[14].

 

La represión a cualquier disidencia política se ha acrecentado en los últimos años. Desde enero de 2019 aumentó en más de 300% la cantidad de presos por razones políticas. Para el lunes 14 de marzo de 2019 existían en Venezuela 911 presos políticos, lista que fue entregada a la misión de la ONU[15], según declaraciones del defensor de Derechos Humanos y director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero. La cifra actualizada al 6 de mayo es de 857 presos políticos. Podría parecer que está descendiendo la cifra pero hemos sido testigos de un fenómeno denominado puerta giratoria, el cual consiste en excarcelar a un pequeño grupo para luego encarcelar a otros, así la intimidación hacia las personas es mayor, puesto que “en cualquier momento puedes ser tú el encarcelado”. Es necesario añadir que las torturas posteriores a las detenciones se han convertido en algo regular, así como la desaparición forzada. Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, denunció torturas, asesinatos y una aguda crisis social en Venezuela, durante su visita en el mes de marzo[16].

En el mes de marzo del presente año, los trabajadores venezolanos se encontraron paralizados. Las actividades laborales estuvieron estancadas por un asueto de carnaval extendido y cinco apagones a nivel nacional. Dos meses no parece haber sido suficiente tiempo para que el país pudiese recuperarse del apagón general que hubo el pasado 7 de marzo, y los posteriores cinco apagones que se derivaron de este. Los mismos se extendieron por 6 días.

 

Después de estos incidentes eléctricos ocurridos en marzo, la normalización del fluido energético se dio progresivamente en el territorio nacional, empezando por la capital del país, Caracas, y luego en otros estados, donde los cortes eléctricos en principio no superarían las 4 horas diarias. Sin embargo, en los diferentes estados del país (exceptuando la capital) los cortes eléctricos se pueden extender entre 12 y 20 horas diarias[17].

 

Por parte del sector privado, los comerciantes quisieron retornar a sus labores después de que fuese declarado el asueto de carnaval por 6 días, y no de 2 como es costumbre. Sin embargo, al segundo día de comenzar las labores, el país se vio afectado por el apagón. El abastecimiento de bienes y servicios se reanudó con lentitud. Los comerciantes temían perder su mercancía por descomposición ante la falta de refrigeración. Aun así reanudaron sus actividades pero un nuevo apagón afectó al país el día lunes 25 de marzo. Esta vez, por 1 día en la ciudad de Caracas y hasta por más de 3 días en algunas otras ciudades. El tercer apagón sucedió el viernes 29 de marzo. A pesar de contar con el servicio eléctrico, las comunicaciones eran casi nulas. Las pérdidas para el sector privado son millonarias, existen afectaciones irreparables en empresas y comercios[18]. Las pérdidas no fueron solo por descomposición sino también por una ola de saqueos que ocurrió en la fecha dado el descontento de las personas afectadas.

 

La realidad para el sector público no es muy distante. Las pérdidas han sido millonarias y otras irreparables. En los hospitales se generó un número significativo de muertes por la pérdida prolongada de electricidad. Se contabilizó al menos 26 fallecidos en los hospitales del país de forma directa; el Gobierno de Maduro solo reconoció dos de ellas.

 

En el sector transporte, los sistemas de ferrocarriles del país tuvieron que dejar de prestar el servicio. En las empresas básicas, los equipos utilizados para fabricar aluminio en la estatal Venalum, se dañaron y toda la industria cerró[19].

 

La administración de Nicolás Maduro atribuye los apagones a sabotajes. Expertos y fuentes en la empresa estatal Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) los atribuyen a la falta de mantenimiento y a la inexperiencia en el área.

 

Durante el primer apagón nacional se contabilizaron 124 detenciones por protestas, más de 200 detenciones por saqueos y se habla de más del 80% de comercios saqueados en Maracaibo, estado Zulia, según Alfredo Romero.

 

La falta eléctrica trajo como consecuencia la desaparición del servicio de agua potable. La población tuvo que recurrir a parques, colinas, riachuelos y quebradas sin importar sí es agua potable o contaminada a tratar de recoger algo de agua en potes, botellones y tanques[20].

 

En la acostumbrada marcha que se realiza en conmemoración del 1° de mayo, día de los trabajadores, cientos de venezolanos acudieron a la cita para escuchar de cerca los anuncios del presidente (e) Juan Guaidó y ratificarle su apoyo. Los mismos fueron reprimidos por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con gas lacrimógeno y detonaciones, los funcionarios persiguieron a los marchantes hasta una iglesia e incluso dispararon lacrimógenas hacia el templo.

 

De acuerdo a declaraciones de la diputada Manuela Bolívar se contabilizaron 78 heridos y 89 personas detenidas en el marco de la convocatoria de ese día solo en Caracas[21].

 

Respecto a la comisión de encuesta aprobada para Venezuela por la OIT en marzo de 2018, los representantes de la organización tenían la idea de ver de cerca las terribles condiciones laborales que enfrentan los trabajadores en Venezuela, condiciones que los han mantenido en constantes huelgas. Sin embargo, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) canceló la visita a Venezuela que tenían planificada para del 9 al 17 de febrero de este año. Todo debido a la tensa situación política que se vive en el país, así lo informó el presidente de la Comisión de Encuesta relativa de Venezuela, Manuel Herrera Carbuccia. La decisión se tomó después del informe del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (Unidas) en la que se explicaba los riesgos de seguridad de algunos países.

 

No obstante, sí se pudo ejecutar la Comisión por videoconferencia. Los Dirigentes sindicales denunciaron el lunes 6 de mayo a las 9:00 am frente a la Comisión de Encuesta el acoso contra los trabajadores por reclamar sus derechos laborales. Los casos denunciados son de sindicalistas que fueron detenidos arbitrariamente y juzgados ante tribunales militares. Se denunció a su vez los incrementos inconsultos del salario mínimo. El 9 de mayo se realizó otra reunión de la dirigencia sindical con la Comisión de la OIT, esta vez con una representación del Estado venezolano y con otra de Fedecámaras, donde se presentaron testigos para declarar en particular sobre sicariato sindical, procesos penales a dirigentes sindicales, dificultades para realizar de manera autónoma las elecciones sindicales, paralelismo sindical y otras restricciones que sufrimos para ejercer de manera libre y autónoma la actividad sindical.

[1] https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/08/29/5b859a48e5fdeaf73b8b45d9.html

[2] http://www.diariocontraste.com/2018/09/nutrologa-promedio-de-perdida-de-peso-en-venezuela-es-de-18-kilos/#

[3] https://elcooperante.com/insalubridad-roja-productos-de-los-clap-carecen-de-control-de-calidad-y-registro-sanitario/

[4] https://armando.info/Reportajes/Details/2538

[5] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Junio de 2018). «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin». p. 66, 67.

[6] http://cronica.uno/carnet-de-la-patria-una-soga-que-amarra-a-la-poblacion/

[7] Ver ENCOVI en https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ENCOVI-2017-presentaci%C3%B3n-para-difundir-.pdf

[8] https://elpais.com/internacional/2019/03/08/america/1552066560_866027.html

[9] Estos datos puede encontrarse en los boletines del Instituto, números 16 al 23 publicados en https://www.inaesin.org.ve/index.php/documentacion/boletines

[10] https://www.dinero.com/internacional/articulo/el-bid-primer-organismo-multilateral-que-reconoce-a-juan-guaido-como-el-legitimo-presidente-de-venezuela/268368

[11] Declaraciones de Rafael Uzcátegui, coordinador general de PROVEA. https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/04/23/domingo-quienes-son-y-como-operan-los-colectivos-chavistas-el-grupo-de-choque-de-nicolas-maduro/

[12] https://www.youtube.com/watch?v=ML-3_T4eNlA

[13] https://www.elimpulso.com/2019/01/01/115-medios-de-comunicacion-han-cerrado-desde-que-llego-nicolas-maduro-al-poder-31dic/

[14] http://www.elimpulso.com/noticias/regionales/entes-publicos-amanecieron-cartel-aui-no-se-habla-mal-chavez

[15] https://foropenal.com/2019/03/14/foro-penal-si-el-regimen-no-permite-a-la-mision-de-la-onu-y-luego-a-bachelet-hablar-con-presos-politicos-lo-que-busca-es-una-visita-turistica/

[16] https://www.google.com/amp/s/elpais.com/internacional/2019/03/21/america/1553129485_105071.amp.html

[17] https://www.panorama.com.ve/ciudad/La-crisis-electrica-se-estaciono-en-el-Zulia-20190506-0027.html ; https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article230164754.html

[18] https://www.inaesin.org.ve/index.php/noticias/item/49-marzo-2019

[19] https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-muertes-causa-apagon-carnicerias-ventas-dano-alimentos-falta-agua-live-jorge-luis-perez-valery/

[20] https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/03/11/venezolanos-alcantarilla/?cn-reloaded=1

[21] http://efectococuyo.com/principales/la-euforia-toma-las-calles-y-la-represion-recrudece-a-un-dia-del-alzamiento-militar-1may/